Las incongruencias del gobierno del cambio llegaron a su punto máximo con la salida de FECODE de la reforma educativa. Las marchas que ahora se realizan contra Gustavo Francisco Petro Urrego, más que una exaltación de la mediocridad del gobierno, son la materialización de la inconformidad que se teje contra una apuesta política que ellos mismos ayudaron a elegir. Los sindicatos, que pusieron dinero, repitieron mentiras, se sumaron a los bloqueos de las milicias urbanas de «primera línea» y adoctrinaron a toda una generación, apenas ahora se han dado cuenta de que estaban equivocados. Los colombianos ya tienen claro que si la educación del país es tan mediocre y tiene calificaciones tan bajas, es por culpa de los maestros, que son parte del proceso educativo y cuyo aporte es la baja calidad. Por eso se dice a una sola voz ¡No más adoctrinamiento! Y se apoya la evaluación del profesorado con base en los resultados de sus alumnos, sin mayor burocracia o clientelismo, es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «Politización de la educación» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio la elección del rector de la Universidad Nacional, el desacuerdo de FECODE con la ley estatutaria de la Educación que cursa en la legislatura, tejen un factor común en el gobierno del cambio, la política sindical que en nada contribuye a la educación de los niños y jóvenes. La degradación de un factor social en el que los docentes tienen un alto porcentaje de culpabilidad. La calidad de los servicios prestados por las instituciones educativas públicas y privadas, en los niveles inicial, preescolar, básico, medio y superior, está en el centro del debate educativo. Indicadores internacionales como las pruebas PISA muestran que algo está fallando en Colombia cuando se trata de la educación de las futuras generaciones.

La permisividad, la naturalización del rompimiento de las normas, está mostrando ahora sus consecuencias en casos como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las indelicadezas de Nicolás Fernando Petro Burgos o Laura Camila Sarabia Torres, los movimientos incómodos de Juan Fernando Petro, el uso indebido de recursos públicos, los audios de Armando Alberto Benedetti Villaneda, o la firma indebida de contratos, entre otros. Una quiebra en el comportamiento ético que, lejos de ser un buen ejemplo, es una señal preocupante para el futuro cercano. La «transparencia» proclamada por la izquierda ha dado lugar a una acumulación de declaraciones no solicitadas, a un ambiente que huele a corrupción, plagado de maniobras para ocultar las fechorías de los «políticamente correctos».

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