Límite que se esperaba con la extralimitación de la primera línea y otros vándalos que han sembrado el terror y la zozobra al interior del colectivo social colombiano encuentran su punto de quiebre en la ley de seguridad ciudadana, ese elemento que fue aprobado en sesiones extras del Congreso y que la oposición ahora bombardea y ataca con demandas que ya se aproximan en la Corte Constitucional, y por qué no en sus organismos de bolsillo a nivel internacional. Es momento de frenar lo que se desbordó, lo que perdió los límites, de la coherencia en la protesta ciudadana y en la inseguridad que tanto aqueja al colectivo colombiano. Un entorno que marca y delinea eso que se va a ver en las elecciones de 2.022, posiciones extremas de izquierda y derecha en una visión y construcción de país que se debe atinar muy bien a construir desde las diferencias entre unos y otros; es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en Pulzo.com que esta semana tituló «Seguridad ciudadana» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio el tatequieto que se impone a los bárbaros con ley tramitada, en sesiones extras del Congreso, alborota a los mamertos que ven sus votos en peligro. Ley de seguridad ciudadana sirvió para que el país comprobara que en las próximas elecciones en Colombia se enfrentarán dos talantes políticos: quienes quieren seguridad y protección de la vida y bienes de los ciudadanos, y aquellos que son débiles y protegen el vandalismo y la inseguridad. Mitos que se tejen, alrededor de un proyecto democrático, quieren desdibujar, con verdades a medias, una iniciativa que endurece las penas contra delincuentes reincidentes y personas que atenten contra los bienes públicos y privados.

Clamor ciudadano fue escuchado por una parte del poder legislativo que apostó por impulsar un aumento de penas, la posibilidad de la legítima defensa, condenar la intimidación con armas, imponer sanciones por daños a la infraestructura y conducir a prisión a quienes desde las capuchas se aprovechan del legitimo derecho a la protesta. Opositores a ultranza de la ley de seguridad ciudadana escudan, en una defensa a los derechos humanos de los delincuentes, le necesidad que tienen de salvaguardar sus intereses electorales futuros, articulados con las células de la primera línea. Acto legislativo que pretende castigar lo que hacen vándalos incendiarios deja claro, sin sacar los hechos de contexto, que en Colombia se puede marchar y practicar el derecho a la protesta, lo que NO se puede es bloquear, incendiar CAI, destruir, robar, impedir movilización de vehículos, atacar a personas o a la fuerza pública.

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