En la actual administración, se ha convertido en práctica habitual que personas en puestos de autoridad aprovechen su influencia para obtener ventajas personales o profesionales, incluidas las relacionadas con el empleo, los procesos judiciales y otras formas de trato preferente. Hay una falta de rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas. El fomento del despilfarro y la corrupción se produce paralelamente al estancamiento de la economía. Los índices de recaudación están en mínimos históricos, mientras que el déficit sigue creciendo. Parece que el acoso es la práctica más premiada del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. El nombramiento de personas con antecedentes cuestionables en cargos de relevancia ha llevado a que el ente estatal sea percibido como una plataforma para el maltrato y el abuso, premiándose a quienes están inmiscuidos en casos de acoso laboral y/o sexual. Todos los individuos mencionados han sido protegidos de una u otra manera. Es razonable concluir que quienes premian a los perpetradores por encima de las víctimas seguirán haciéndolo. Es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «Acoso en el marco del cambio» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio existen denuncias periódicas de acoso en el gobierno nacional y en diversos organismos e instituciones del Estado. La administración de Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido objeto de conductas inapropiadas y violentas por parte de varios de sus funcionarios. Los de más alto nivel han sido los más denunciados, sin embargo, son aquellos quienes misteriosamente son protegidos minimizando los hechos, parecen estar blindados de rendir cuentas. En el gobierno del cambio se está normalizando uno de los delitos más notorios. Parece que una estrategia de la izquierda es infundir una sensación de inquietud y angustia en el público en general. El Pacto Histórico y sus fuerzas aliadas se han convertido en expertos en acosar y socavar la intimidad de la prensa, los empresarios, la oposición e incluso los profesionales independientes. Quienes se han pronunciado contra representantes del servicio diplomático, actores de los medios públicos y ministros o viceministros han puesto de relieve las prácticas cuestionables que rodean a la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego.

Parece que el gobierno se está volviendo cada día más divisivo, mientras que los activistas influyentes, que actúan como servidores públicos, esperan instrucciones desde arriba para hacerse eco del sentimiento de delirio de persecución que es predominante en el día a día de su presidente. A lo largo y ancho de la geografía nacional se está dejando de lado el concepto de libertad interior. En el clima actual, en el que el acoso laboral no es más que uno de los numerosos escándalos que rodean al gobierno del cambio, resulta cada vez más difícil discernir la verdad. Los que fueron engañados en un principio están ahora desilusionados, tras haber reconocido la verdadera naturaleza de individuos que se presentaban como valiosos y comprometidos con el servicio al país.

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