En el contexto colombiano, la libertad de expresión se erige como el pilar fundamental de la resistencia. Mientras exista un profesional del periodismo dispuesto a plasmar aquello que las esferas de poder buscan silenciar, la democracia encontrará vías de manifestarse. La reciente misiva de la CRC a los medios de comunicación contiene un tono paternalista y se encuentra adornada con conceptos como «responsabilidad social», «equilibrio informativo» y «trato justo». Esta situación supone un preocupante punto de inflexión. Bajo el discurso de la neutralidad, la CRC busca legitimar una forma sutil, pero significativamente autoritaria, de supervisión editorial. Este no es un asunto de un mero desliz administrativo o una recomendación ética superficial; es el indicio de una tendencia alarmante: el incremento en la intromisión del Estado en la independencia de la prensa. En aras de la objetividad, se evidencia la vieja tentación de someter la crítica, de coartar la palabra libre y de transformar al periodismo en un instrumento dócil, funcional a los intereses del poder político. Es lo que afirma el periodista-investigador-coachong digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinion en AlPoniente.com que esta semana titulo «La CRC y la peligrosa tentación de censurar la prensa en Colombia» y amplía el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio en el contexto colombiano, la libertad de prensa ha sido históricamente un ámbito de confrontación entre el poder político y la búsqueda de la verdad. A lo largo de varias décadas, los profesionales del periodismo han enfrentado restricciones indirectas, coacciones políticas, intimidaciones legales y tentaciones de índole económica cuyo objetivo ha sido limitar su autonomía. Sin embargo, en la actualidad se ha observado un esfuerzo sin precedentes por parte de las instituciones para intervenir en el ámbito informativo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha tomado la decisión de extender su ámbito de acción más allá de su competencia reconocida, invadiendo el campo del contenido periodístico. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha emitido recientemente una comunicación a los medios de comunicación que no debe ser interpretada como una simple «recomendación técnica» ni como un «llamado a la responsabilidad informativa».

Este hecho constituye, sin lugar a dudas, un intento de censura. Se trata de una advertencia camuflada de guía ética, un mensaje político cuyo objetivo es condicionar la narrativa mediática bajo el pretexto del equilibrio informativo. Colombia, un país que ha librado durante décadas una lucha incansable por salvaguardar la libertad de expresión ante las persistentes amenazas armadas y las insidiosas presiones económicas, observa con consternación cómo la censura se arraiga en la institucionalidad. La CRC, entidad encargada de velar por la conectividad, la competencia y la regulación técnica del espectro, ha tomado la decisión de asumir un rol que excede sus funciones originales. Este organismo ha osado ejercer una función de arbitraje en la definición de la línea editorial de los medios de comunicación, la cobertura de los hechos y el tono empleado, todo ello con el fin de evitar, supuestamente, cualquier posible «afectación» a los intereses de los grupos de poder.

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