El artículo 37 de la Constitución Política colombiana garantiza el derecho a la protesta social, sin embargo, esa manifestación popular debe tener unos límites y un contexto en el que se respeten los derechos fundamentales del resto de la población nacional. Lo visto en los últimos días en la minga indígena del Cauca y el levantamiento de los estudiantes en la Universidad del Valle llama a centrar la mirada en diversos aspectos de estos acontecimientos.

Sin el ánimo de estigmatizar, llama la atención, por un lado, que un indígena muera producto del impacto de un balín (lo que algunos llaman fuego amigo) y, por otro, ver cómo “supuestos estudiantes” hacen uso de un arma hechiza para intentar atacar un helicóptero de la Policía Nacional; así como la muerte de un sujeto, en inmediaciones de una Institución Educativa pública, producto de las papas bombas que tenía en su poder en medio de la protesta. Hechos que sin duda alguna dejan en evidencia la infiltración de grupos ilícitos con intereses muy distantes a la legitima manifestación popular de algunos sectores sociales.

La polarización del país, la injusticia social –no solo de este gobierno sino de muchas administraciones atrás que ahora quieren se solucionen en un abrir y cerrar de ojos–, deben tener un diálogo social entre el Presidente y los afectados, pero sin llegar a las vías de hecho como hasta ahora ha ocurrido. El derecho a la protesta no es excusa para incurrir en violencia y terrorismo, la manifestación e inconformismo frente a las acciones de una administración estatal deben estar apegadas a la ley.

El Estado debe poner freno a las agresiones y prestar atención a los sectores económicos que ya suman pérdidas superiores a los 80 mil millones de pesos a causa de los bloqueos que se extienden por varios días. Se aproxima la Semana Santa y el País pide el restablecimiento del orden y la institucionalidad, la fuerza del estado debe aparecer para garantizar el rumbo democrático, pero a su vez para imponer sanciones y responsabilidades judiciales a quienes están perturbando la seguridad y economía de las regiones colombianas.

La apuesta del gobierno por el diálogo y asumir compromisos responsables con la situación actual del País, la falta de control ante hechos de evidente violencia, el tufillo de una oposición pescando en rio revuelto y disidencias del proceso de paz buscando reestablecer su poder en ciertas zonas del territorio nacional establecen un pulso peligroso que puede traer consecuencias nefastas. Los habitantes de las zonas afectadas se cansaron, de la indiferencia o respeto a la protesta del otro han pasado a las agresiones verbales, el atacar con piedra y otros elementos contundentes el Consejo Regional Indígena del Cauca.

El interés general debe primar sobre el particular, señor Presidente es momento de tomar las acciones que le corresponden como mandatario de los colombianos, imponer el orden y prestar atención al desabastecimiento de alimentos, dar solución a los problemas que se presentan en la red hospitalaria al sur del País, purgar los extraños movimientos y acciones de las manifestaciones en las universidades públicas. El Ejército, la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios deben hacer presencia en la zona y, respetando los derechos de los manifestantes, reestablecer el orden, no se puede seguir pasando de la protesta a la violencia social. 

El Gobierno debe generar un corto circuito entre la protesta social y la infiltración de grupos ilícitos al margen de la ley. Más que ceder ante peticiones de líderes indígenas o estudiantes de Universidades Públicas a través de las vías de hecho, lo que está en juego es el recrudecimiento de la ola de violencia en el País. El Presidente siempre debe estar abierto al diálogo, no obstante es importante tomar acciones de inmediato que puedan repeler cualquier acto al margen de la ley. Los colombianos merecemos llegar a esta Semana Santa en paz y con la posibilidad de visitar las diferentes zonas turísticas y tradicionalmente religiosas de Colombia.