La verdad no se puede ocultar; la actual administración, conocida como el gobierno del cambio, busca revisar la historia desde una perspectiva sesgada. Las acciones del gobierno, sumadas al malestar social que vive una parte importante de la población, han llevado a Colombia a una crisis. La búsqueda de métricas de éxito desvía la atención de la necesidad de una gobernabilidad rigurosa, reglas claras y seguridad jurídica que deben acompañar al Estado. Esta figura de autoridad debe ser capaz de imponer la ley y el orden frente a grupos guerrilleros y actores criminales desbordados. El colapso del sistema democrático de la nación dificulta la posibilidad de una rápida vuelta a la normalidad en las elecciones de 2026. La vehemencia con la que se formulan las preguntas debe ser coherente con la actuación de quienes las formulan, sobre todo ante el silencio de su mandatario, que genera serias dudas. Es crucial priorizar la causa sobre el efecto; todos los actores deben asumir su responsabilidad. Si se quiere evitar una calamidad general, se debe tratar la situación con la seriedad que merece. Se debe dejar a un lado el ego, considerar los intereses de los demás y reconocer que habrá otro momento para las divergencias políticas. Es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «La violencia en Colombia» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio los retos que enfrenta actualmente Colombia son variados y complejos, y el gobierno del cambio que heredará el ganador de las elecciones de 2026 tendrá una importante tarea por delante. El acuerdo de la izquierda con cada una de las corrientes ideológicas ha aumentado la polarización y la distancia entre los actores empresariales, sociales, políticos, académicos, culturales y mediáticos. El progresismo no ha logrado éxito en términos de desarrollo económico, ha tenido un efecto perjudicial en el sector eléctrico y ha provocado un aumento de la violencia y el narcotráfico, entre otros factores. El conflicto armado que se ha intensificado en todo el país indica que Colombia, bajo el liderazgo de Gustavo Francisco Petro Urrego y los agentes del cambio, ha vuelto a un pasado violento en el que la gente ha perdido el derecho a circular libremente por toda la nación. Los enfrentamientos de los militares con los grupos armados han perjudicado a la población civil y son consecuencia de la complicidad de la izquierda con las actividades ilegales, que han incrementado la producción de drogas y fortalecido a los grupos guerrilleros.

La ausencia de un comandante supremo de las fuerzas militares o de un ministro de Defensa eficaz ha permitido a los grupos violentos lograr su objetivo de intimidación. El carácter generalizado de esta violencia indica una pérdida de control del Estado sobre un territorio importante, como lo demuestran los informes de tiroteos en la vía pública, los retenes ilegales cerca de los municipios y los asaltos en las carreteras. Los problemas de memoria a corto plazo de los colombianos han llevado a no reconocer que la violencia actual es el resultado de un estallido social creado por la izquierda para hacerse con el poder. La materialización de una nueva etapa de narcoguerrillas, paramilitarismo y enfrentamiento de bandas criminales que arrasa Colombia es ya evidente, con represión, desapariciones forzadas, asesinatos de líderes sociales y muerte de testigos.

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