En su columna semanal, el periodista, investigador y coaching digital, Andrés Barrios Rubio, asegura que la discusión por el incremento salarial pone en evidencia la falta de empatía del empresariado colombiano, y la ausencia de una política clara de reactivación por parte del gobierno. Se vive un nuevo debate entre empresarios y trabajadores por el aumento salarial para 2021. Mientras los empresarios proponen un incremento del 2,7 %, y un 5,5 % en el subsidio de transporte, lo que indica que cada trabajador que devengue ese mínimo recibirá 1’010.000 pesos, incluido el auxilio, las centrales sindicales se mantienen en un aumento del 14 %. Tema de muchas aristas que se amplía en el Podcast «Panorama Digital».

Sobre la puja por el salario mínimo de 2021, dedica su columna semanal en Pulzo.com titulada «Mínima concertación«, el PhD. Andrés Barrios Rubio, quien en las primeras líneas pone en contexto esta discusión, enmarcada por una crisis social y económica que se agudizó con la pandemia. Para el docente no es claro por qué se castiga al trabajador con bajos salarios, despidos, horas más largas de trabajo o contratos sin lo mínimo legal, si son los empleados quienes, en aras de mitigar el impacto, donaron una parte de su salario, dejaron de recibir ingresos, asumieron nuevas tareas y se acomodaron al teletrabajo.

«Reducción de la jornada laboral, contratación por horas, entre otros factores, no reconocen el valor del trabajo en la economía, pues sin mano de obra el país se detendría y no habría empresa, ni riqueza. Coherencia aclama revitalizar el aparato productivo nacional, inyectar recursos para incentivar el gasto y la adquisición de bienes y servicios; soporte monetario que propende por mejorar las condiciones de salud y alimentación de las familias colombianas y dar un aire de tranquilidad a la asfixiante situación que atenta contra la estabilidad emocional de la fuerza trabajadora», comenta en su columna en Pulzo el periodista, investigador y coaching digital, Andrés Barrios Rubio.

Asegura que este tipo de situaciones ponen en evidencia que ni el Gobierno Nacional tiene una política clara de reactivación ni el empresariado colombiano reconoce que la población «debe tener un mínimo poder adquisitivo para pagar arriendo, alimentación, vestuario, educación y salud; necesidades básicas de equidad y condescendencia que aclaman profesionales subvalorados e inexpertos desempleados del común social colombiano».

Lea la columna completa acá.