La JEP, concebida como garante de verdad y reconciliación, corre el riesgo de quedar registrada en la historia como la Justicia Especial para la Impunidad, no solo por la laxitud de sus sanciones, sino por la peligrosa decisión de igualar en el mismo plano a quienes ejercieron la violencia desde la ilegalidad y a los integrantes de la Fuerza Pública que, en el cumplimiento de su deber, incurrieron en excesos. Al eliminar la distinción entre delincuentes y garantes del orden constitucional, el tribunal no solo profana la memoria de las víctimas, sino que también socava la legitimidad del Estado y promueve la idea de que en Colombia el terrorismo y la defensa institucional se consideran equivalentes. Este precedente, en lugar de propiciar la recuperación de la confianza ciudadana y sentar las bases para el futuro de la paz, amenaza con generar nuevas heridas y profundizar las existentes.

Para el PhD Barrios Rubio la JEP fue concebida como un elemento fundamental para la reconciliación nacional, estableciendo como objetivos principales la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los delitos. Sin embargo, las primeras sentencias emitidas por el tribunal han generado una sensación de insatisfacción y preocupación, ya que en lugar de ofrecer una justicia efectiva, parecen confirmar los peores temores sobre la posibilidad de que la JEP se convierta en un mecanismo de indulgencia para los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En el contexto colombiano, se ha adquirido la experiencia de que las promesas políticas a menudo no se materializan de acuerdo con lo esperado. Ciertamente, una de las principales disposiciones es la denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo creado como columna vertebral del acuerdo con las FARC en 2016 y presentado ante la opinión pública como el camino para alcanzar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En la actualidad, a raíz de las recientes sentencias, prevalece un sentimiento de desconcierto e indignación, y en ciertos sectores se manifiesta una profunda convicción de que se ha consolidado una justicia especial para la impunidad. El reemplazo de condenas proporcionales por sanciones simbólicas y la eliminación de la distinción entre delincuentes y aquellos con la responsabilidad de proteger al Estado, conducen a una institucionalización de la arbitrariedad que no asegura la paz y la justicia, sino que compromete la estabilidad y el desarrollo del país. Las recientes determinaciones de la JEP reafirman las preocupaciones expresadas por diversos sectores desde su concepción, respecto a que en su estructuración normativa se priorizó la lógica de la negociación política sobre la de la justicia. Es pertinente señalar que las sanciones impuestas a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, secuestros prolongados, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados son excesivamente laxas, lo que resulta en una falta de justicia para las víctimas.

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