Estados Unidos ha decidido retirar su certificación a Colombia, lo que refleja una pérdida de confianza a nivel internacional y las graves consecuencias de las políticas erráticas de Gustavo Francisco Petro Urrego. El llamado «progresismo socialista» promovido por su presidente ha resultado en la apertura de espacios de tolerancia hacia la ilegalidad, lo que ha debilitado la lucha contra el narcotráfico y ha enviado un mensaje de complacencia hacia grupos criminales y gobiernos narcoterroristas de la región. Lo que se presenta como un proyecto de cambio se traduce en retroceso, manifestándose a través de la improvisación, la alineación con regímenes autoritarios y una peligrosa ruptura con los aliados históricos de Colombia. La descertificación no es un hecho fortuito ni un acto caprichoso; es la consecuencia directa de un gobierno que, en aras de la ideología, ha optado por sacrificar la seguridad nacional y el prestigio internacional en aras de la complicidad política. Es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «La descertificación: un costo de la política de complacencia con la ilegalidad» y amplía en el podcast «Panorama Digital».
Para el PhD. Barrios Rubio la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es un asunto de gran importancia que va más allá de un simple trámite diplomático. Esta decisión refleja las dificultades que enfrenta el país en su lucha contra los grupos al margen de la ley, especialmente bajo el mandato de un gobierno de izquierda que ha optado por transitar por el camino de la indulgencia frente a la ilegalidad. La denominada «paz total» propuesta por la Casa de Nariño, como su nuevo enfoque en materia de política antidrogas, no es vista con buenos ojos por Washington y por una significativa parte de la comunidad internacional. Se considera que el progresismo tiene amplia permisividad con actores armados ilegales, la expansión de cultivos ilícitos y la incapacidad de frenar a las organizaciones criminales.
La decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico no es un acto arbitrario ni una formalidad administrativa de poca monta. Como se evidencia en las cifras, durante el mandato de Gustavo Francisco Petro Urrego se ha registrado un récord histórico en cuanto a siembra de coca, reducción drástica de la erradicación forzada y debilitamiento del aparato estatal en las regiones afectadas por el narcotráfico. La descertificación no es, por tanto, una sorpresa, sino la consecuencia natural de un modelo que confundió la negociación con la claudicación y que, en la actualidad, coloca a Colombia en una posición desfavorable a nivel internacional.