Motociclistas se encuentran en el ojo del huracán con los bloqueos y protestas que han originado en los últimos días. Desacuerdo con las medidas coyunturales que ha tomado la Alcaldía Mayor de Bogotá para hacer frente a la inseguridad enciende un foco de discusión que atiza ese discurso de odio y clases que no está distante a la campaña política. Realidad inatajable que vincula a los delincuentes con un modus operandi, que no puede estigmatizar a todos los propietarios de motos, invita a pensar en una regulación y tributación por parte de un mecanismo de transporte que se ha incrementado de manera vertiginosa, en los últimos tiempos, y es actor importante de la congestión, la contaminación y el caos de seguridad que se vive a lo largo y ancho de la geografía nacional; es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en Pulzo.com que esta semana tituló «Motociclistas: una tarea pendiente» y amplía en el podcasts «Panorama Digital».
Para el PhD. Barrios Rubio es pésimo precedente el que se ha sembrado en Colombia, las vías de hecho, carencia de argumentos, son la opción de algunos reductos para lograr un objetivo. Resistencia a las normas, rebeldía ante la fijación de límites, intransigencia que impide que se llegue a acuerdos tácitos de convivencia, desborda al colectivo social colombiano. Materialización de la violencia, intimidación que propaga el culto al miedo a través de las milicias urbanas que se conocen como “primera línea”, desdibuja el concepto de autoridad y envalentona a todos aquellos que no están de acuerdo con el establecimiento de reglas que propenden por atender el grave problema de inseguridad que circunda las calles del país. Solución compleja al inconformismo ciudadano, que necesita del aporte de todos, no puede caer en la híper-simplificación de un problema que va mucho más allá del sicariato y el robo que se ejerce a diario desde las motocicletas.
Lejos de la estigmatización de los propietarios de uno de los vehículos de locomoción más populares en Colombia, o quienes circulan como parrilleros, la discusión debe centrarse en la regulación que debe existir, pero que nadie se atreve a abordar por el costo político que ello implica. La respuesta de la sociedad a un pésimo servicio de transporte, que ninguna administración pública ha logrado solucionar, exalta la convergencia de un derecho a la movilización con un problema de seguridad que se constituye en el cuello de botella que demarca un discurso de odio y de clases. Gente decente y trabajadora, que se siente vilipendiada con el planteamiento restrictivo de la Alcaldía de Bogotá, se niega a reconocer que los motociclistas son los actores viales que más infringen normas de tránsito, generan problemas de movilidad, y por ello requieren de regulación.