El sistema jurídico colombiano debe demostrar coherencia de los hechos y la acción con el marco legislativo, solidez jurídica rodeada de argumentación, oratoria y conocimiento para abordar procesos, problemas y oportunidades, desde la transversalidad e integración de los diferentes actores con intereses comunes en el acto procesal. La integración de los aspectos teóricos y prácticos en los sectores jurídicos público y privado es crucial para el establecimiento de una sociedad justa, así como para el establecimiento de criterios claros para determinar las conductas adecuadas e indeseables dentro de la conducta colectiva de un Estado Social de Derecho, como lo evidencia el caso de Papá Pitufo. Este caso demuestra que la corrupción ha permeado varios sectores del ecosistema social colombiano. La ocurrencia diaria de escándalos políticos, económicos, judiciales, entre otros, que tienen una importante presencia en los medios de comunicación, tiene un efecto penetrante en el entorno social, lo que conlleva a la replicación de acciones indeseables y cuestionables. Para lograr un cambio en el sistema, la ética debe ser un factor determinante, fundamento que claramente no acompaña las estructuras sociales de una nación sumida en la corrupción y escándalos de todo tipo. Es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «Papá Pitufo en la aldea progresista» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio el tejido social colombiano se ve impactado diariamente por acontecimientos de diversa índole. Estos sucesos demuestran que el concepto de ética ha perdido su valor e impacto. La credibilidad de la izquierda y del gobierno del cambio se ha visto seriamente dañada por la corrupción que hoy se sabe está presente dentro de las autoridades e instituciones públicas colombianas. El ambiente de confrontación y descomposición está teniendo un efecto negativo en la sociedad, que parece haberse insensibilizado ante los comportamientos non santos. Colombia apenas comienza a descubrir el alcance de las conexiones de Papá Pitufo con varias entidades estatales, lo que indica un escándalo de gravedad aún mayor que el caso Odebrecht. Esta situación podría servir como táctica de distracción para desviar la atención de la percibida ineficacia del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego.

La credibilidad del sistema judicial se ha visto aún más comprometida por prácticas poco éticas y estrategias manipuladoras que entorpecen o desvían la atención del trámite procesal. Es imperativo repensar los fundamentos éticos y de comportamiento del sistema, pues la corrupción parece haberse vuelto endémica en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. La justicia nacional se encuentra sumida en una profunda crisis, la más grave de su historia, donde los Tribunales, la Fiscalía y los Juristas están desacreditados, poniéndolos en la picota pública y en la comidilla del colectivo social. Las filtraciones han tenido un impacto significativo en el gobierno del cambio, poniendo de relieve los retos a los que se enfrentan los generales de la policía que investigan las actividades delictivas de Papá Pitufo y el posterior traslado de estos oficiales a zonas de alto riesgo. Estos hechos han provocado una indignación generalizada en Colombia, subrayando las preocupaciones en torno a la relación entre socialismo progresista y estos hechos.

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