Estatuto de regularización a venezolanos abre una gran brecha de igualdad frente a los colombianos, acto humanitario, justicia social, como ha sido catalogada, también tendría que aplicarse a cada uno de los rincones de la geografía nacional; qué pasa en Amazonas, el Cauca, Montes de María, Buenaventura, la Guajira, toda la zona fronteriza colombiana y los problemas sociales que se vienen evidenciando desde hace muchos años. No es deuda particular del gobierno de Iván Duque Márquez sino del gobierno central, de la administración de muchos años frente a lo que ocurre en cada una de las regiones: desempleo, miseria, mendicidad, falta de oportunidades que cunden en eso que llaman violencia social y lo que genera un vínculo con el narcotráfico; es lo que afirma el periodista, investigador y coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de Pulzo.com que esta semana titulo «País a la deriva» y amplía en el podcast «Panorama Digital»

Para el PhD. Barrios Rubio, el rumbo perdido acrecienta la ansiedad de una nación que con preocupación observa profunda crisis, desigualdad social y ausencia de oportunidades para el cambio. Atizado ambiente acompaña el panorama de Colombia, uno de los cuatro países que aún no inician vacunación en América Latina, mientras el gobierno sigue haciendo gala de su falta de arrojo y gallardía para hacer frente a la coyuntura política, económica y ciudadana que lo acompañan al interior de la geografía nacional.

Violencia, desempleo, corrupción, hambre, entre otros factores, son evidencia de la desprotección de niños, jóvenes, adultos y tercera edad, hombres y mujeres, que atónitos observan la hipocresía administrativa que abre la puerta humanitaria a la protección de migrantes venezolanos, pero hace caso omiso a la garantía constitucional de derechos fundamentales que se debe brindar a los colombianos. Discursos de resonancia que traen consigo el beneplácito de la comunidad nacional e internacional –ONGs, expresidentes, organismos multilaterales, gobiernos de potencias económicas, entre otros–, lejos de traducirse en un respaldo económico e inversión efectiva de atención social, acrecientan la distancia ideológica y conceptual del mandatario, y su equipo de gobierno, con la población.

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