Mucho se ha hablado del imperfecto acuerdo de La Habana y lo que este trajo para el país, se acusó a la derecha de desinformar a los ciudadanos, pero los hechos y el tiempo han demostrado que no estaban tan alejados de la verdad. Extralimitación de la JEP abriendo la puerta a los paramilitares siembra dudas sobre lo que puede venir en Colombia al tratar, desde un organismo jurisdiccional, de hacer pasar a Salvatore Mancuso, reconocido narcotraficante y violador de derechos humanos, como si fuera un militar. No cabe duda que la JEP fue creada en anuencia con los grupos al margen de la ley para llevar a la cárcel y desvirtuar a personajes que les estorban. Colombia debe poner alto a un monstruo de siete cabezas que igualó a las fuerzas militares con los terroristas y está abriendo puertas a que se consolide en la nación el progresismo socialista, es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «Justicia Espacial para…» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio para verdades el tiempo, los hechos señalan que amplia razón tenía el grueso del colectivo social que votó NO en el plebiscito por la paz de octubre de 2016. La JEP en cada actuación denota que es un tribunal creado a la medida de los terroristas y los criminales de lesa humanidad para enjuiciar a sus víctimas y quien los persiguió. Una vez más la JEP se constituye en foco de discrepancias e impunidad de la justicia al interior de la sociedad colombiana. Vergüenza es lo que produce un organismo que se desprendió del imperfecto acuerdo de La Habana y tiene como propósito naturalizar que en Colombia la palabra de los actores al margen de la ley tiene mayor valor y relevancia que la de los ciudadanos de bien. Transgresión de los límites de la coherencia llevan a que una instancia, que se dice jurídica, se atreva a indicar que Salvatore Mancuso es un sujeto que estuvo vinculado, como miembro funcional y material, a la fuerza pública.

El tejido social de la nación está siendo demarcado por el abuso de poder y delinea el esfuerzo, de una postura ideológica, por imponer en el imaginario colectivo una versión sesgada del conflicto armado que se aísla de la realidad de lo acaecido y pontifica a los actores de los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes del país. Uso que se hace de un estamento del estado, para santificar a los criminales, es la clara pretensión de una corriente política que apuesta por graduar de éticos, honestos y pulcros a quienes tanto daño le hicieron al país y los pobladores de las zonas rurales. Defensa frontal que se hace al vandalismo, en el marco del gobierno del cambio, es la materialización de un pacto circunscrito con los terroristas para neutralizar a la oposición.

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