Colombia no puede permitirse perder los avances que ha logrado en materia de seguridad. El retroceso supone una amenaza significativa para la protección y el bienestar públicos, al tiempo que socava la confianza en la integridad institucional y la capacidad del Estado para atraer inversiones, generar oportunidades de empleo e impulsar el crecimiento económico. Si la seguridad democrática fue en su día la base de la esperanza, la inseguridad progresista de hoy supone una amenaza significativa para ese esfuerzo colectivo. El país se enfrenta a un reto importante: debe encontrar un equilibrio entre autoridad y diálogo, o corre el riesgo de volver a un periodo de ansiedad y miedo. El camino hacia la paz no pasa por el debilitamiento del Estado, sino por su fortalecimiento. Cualquier otro enfoque sería demagógico. La nación se encuentra actualmente ante una coyuntura crítica. Si no cambia el rumbo, la historia recordará este periodo como la época en que su presidente se rindió y los criminales gobernaron de facto vastos territorios del país. Es lo que afirma el periodista-investigador-coaching digital, Andrés Barrios Rubio, en la columna de opinión en AlPoniente.com que esta semana tituló «De la seguridad democrática a la inseguridad progresista» y amplía en el podcast «Panorama Digital».

Para el PhD. Barrios Rubio Colombia atraviesa actualmente un periodo de importantes retos relacionados con cuestiones de seguridad. La seguridad democrática del Estado, considerada en su día como un logro significativo, se ha ido deteriorando debido a un progresismo idealizado que ha minado la eficacia de las fuerzas armadas y facilitado el crecimiento de las organizaciones criminales. Este cambio ha minado la confianza pública y ha provocado el deterioro de la ley y el orden, sobre todo en regiones anteriormente controladas por la ilegalidad. La historia reciente de Colombia demuestra el impacto potencial de las políticas públicas en la configuración de la trayectoria de una nación. La transición de la seguridad democrática a la inseguridad progresista es indicativa de un cambio en el enfoque político y una consecuente renuncia a la autoridad estatal, que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de colombianos.

A comienzos del siglo XXI, la seguridad democrática se consolidó como el eje central de la estrategia estatal para restablecer la confianza, garantizar la movilidad ciudadana y restituir el monopolio de la fuerza pública frente al avance de la guerrilla, el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de las deficiencias de la política y de que fue recibida con cierto escepticismo, se ha reconocido ampliamente que se lograron avances significativos en varias áreas clave. Entre ellos, una disminución sustancial de la violencia y los secuestros, el debilitamiento de las estructuras insurgentes y el fomento de una mayor sensación de presencia estatal y seguridad en las regiones situadas fuera de las zonas urbanas. Tras un periodo de veinte años, la situación ha cambiado significativamente. Con la llegada de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder y la consolidación de un discurso progresista de izquierda, el concepto de seguridad sufrió un cambio significativo.

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